El 18 de noviembre es una fecha que pasará a las páginas claves de la historia de México en materia laboral, el nacimiento del nuevo modelo de solución de conflictos entre empleados y patrones marca el inicio y final de una era. El cambio gradual que vivirá México a partir de este martes es profundo, coinciden autoridades federales y estatales involucradas en el proceso.
A partir de hoy, los conflictos laborales serán resueltos con un modelo que apuesta por la conciliación y una solución pronta y expedita en un máximo de 45 días. Las demandas pasarán por el Centro de Conciliación y Registro Laboral para mediación y, en caso de no resolverse por esta vía, llegarán a manos de un Tribunal Laboral.
Este modelo comenzará a operar de manera gradual en ocho entidades federativas, con instancias conciliatorias y judiciales federales y locales. Operará a plenitud en todo el país a mediados del año 2022. La primera fase contempla a Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, y de manera parcial a Hidalgo.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) advierte que el nuevo modelo de justicia laboral “va en serio” y el cambio no será superficial.
“Como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco: haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de Derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores”, destaca la funcionaria federal.
Desde la óptica de Soledad Aragón, presidenta de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra), la nueva justicia laboral “es un cambio de paradigma”. Autoridades, trabajadores, patrones y abogados, afirma, tienen un gran reto para que el mecanismo funcione y se evite la saturación de los tribunales.
Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS, califica al nuevo modelo como el fin de una época “de corporativismo, control y simulación que se enquistó por décadas en nuestras leyes e instituciones”, para pasar a una era donde la libertad, la democracia y la justicia laborales estén en el centro de las prioridades.
Por su parte, Alfredo Domínguez Marrufo, primer director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro Laboral), pilar del nuevo modelo, opina que el cambio no es sólo de normas o instituciones, sino de cultura. El nacimiento del nuevo sistema de solución, agrega, implica el fin de una industria de litigio que apostó por juicios largos.
La gran reforma laboral del 2019 involucró por primera vez al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en la materia del trabajo. De esta manera, los empleados que no resuelvan su conflicto en la conciliación, y no tengan los recursos para pagar un abogado, podrán contar con el apoyo de un defensor del Poder Judicial.
Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del IFPD, destaca que este cambio de paradigma era urgente para México, pues la justicia laboral estaba prácticamente abandonada y capturada por coyotes, todo en detrimento de los trabajadores más vulnerables.
Transformación total
Al menos en ocho entidades del país, las juntas de conciliación y arbitraje iniciaron su camino a la desaparición, continuarán operando únicamente para disminuir el rezago de asuntos inconclusos, pero ya no recibirán nuevos casos. Los centros de conciliación y tribunales laborales serán las nuevas instancias encargadas de resolver conflictos entre la fuerza de trabajo y los empleadores.
El primer cambio visible, explica Estaban Martínez, será la posibilidad de que trabajadores y patrones se sienten para solucionar un conflicto sin necesidad de iniciar un juicio, apoyados por un mediador profesional y en un ambiente neutral y seguro.
“Esto, a su vez, irá desterrando las prácticas que tradicionalmente impedían llegar a acuerdos, como la intervención de abogados y coyotes, y el uso de chicanas o argucias procesales para retrasar audiencias y desgastar a las contrapartes”, subraya.
Para Julio César Venegas Guzmán, director del Centro de Conciliación del Estado de México, el nuevo modelo permitirá que un conflicto que tardaba años en resolverse, ahora pueda solucionarse en un día. En ese sentido, el rol clave de los conciliadores será marcar los límites en los derechos de ambas partes, expone.
“Nosotros somos un punto de equilibrio. No es un modelo litigioso, sino de diálogo, se trata de llegar a un acuerdo que haga que en 30 minutos el ciudadano se vaya con una solución. Nuestra vocación es atender, dialogar y marcar pautas a trabajadores, empleadores y sindicatos de cuál es el límite en sus derechos, sus mínimos y sus máximos en aras de proteger tanto a los trabajadores como el patrimonio de los empleadores”.
Desafíos en puerta
Soledad Aragón, presidenta de la Conasetra, considera que uno de los desafíos que tiene el modelo es informar a los trabajadores y patrones sobre el cambio cultural.
“Tenemos que convencer, sensibilizar y cambiar la cultura, sobre todo en materia colectiva. En la democratización de los sindicatos y en el centro de todo estarán los derechos de los trabajadores”, expone la también secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE).
Además, puntualiza, es necesario mantener en los tribunales laborales la contratación del personal por concurso, para que las personas más capacitadas estén a cargo de la impartición de justicia.
Cambio de paradigma
Autoridades, principal riesgo para el sistema
La falta de compromiso y responsabilidad de los involucrados en la materia son el principal riesgo que enfrenta la implementación de la reforma laboral.
Hay una gran expectativa en torno al nuevo mecanismo de solución de conflictos laborales. La promesa de éste es resolver los problemas entre trabajadores y empleadores de forma pronta y expedita, de ese tamaño es el reto en la implementación del modelo y, paradójicamente, son las propias autoridades quienes representan el principal riesgo en la transición a la nueva justicia laboral.
Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, reconoce que el primer riesgo que podría tener la puesta en marcha del sistema lo representan las autoridades si no comprenden el alcance del cambio.
“El mayor riesgo para la implementación son las propias autoridades responsables de impulsarla: el riesgo de que no sepamos tomar en serio la responsabilidad que entraña este proceso; que ignoremos su trascendencia y sus implicaciones nacionales e internacionales; que le destinemos recursos o personal insuficiente; que pretendamos intervenir o manipular las decisiones que tomen las nuevas autoridades”, subraya el funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Desde su perspectiva, el éxito del modelo depende en gran medida del compromiso que asuma cada gobierno, sin importar colores o partidos, sino reconociendo un compromiso de Estado.
“La implementación del nuevo modelo laboral es un edificio en construcción que necesitará tiempo y esfuerzo para remodelarse, y que por lo mismo requerirá del involucramiento y el seguimiento permanente de todos los Poderes, federales y locales; no sólo se trata de cortar el listón, sino de habitar el edificio, acondicionarlo y hacerlo nuestro”, expone.
La nueva justicia laboral busca cortar de tajo algunos vicios, como el tiempo que podía tardar la solución de un conflicto. El Estado, afirma, tiene una deuda histórica con los trabajadores, quienes muchas veces ni si quiera se atreven a demandar por lo tardado que puede ser un juicio.
Sin embargo, Martínez Mejía opina que el nacimiento de este mecanismo de solución es sólo un paso para cubrir esa deuda histórica, pues quedará saldada cuando la fuerza laboral del país pueda ejercer sus derechos a plenitud.
Requisito prejudicial
Cultura de diálogo, clave para impulsar la conciliación
Antes de iniciar un juicio laboral las partes tendrán que sentarse para tratar de encontrar una solución pactada a través de la mediación de un profesional.
En un mecanismo que le apuesta tanto a la conciliación, la cultura del diálogo es fundamental para hacer realidad la nueva justicia laboral. Las entidades que adquieran la tradición de resolver conflictos a través de la conversación podrán afrontar el reto, opina Julio César Vanegas Guzmán, director general del Centro de Conciliación del Estado de México.
La entidad mexiquense fue la primera de las ocho que integran la primera etapa de implementación en nombrar al director de su Centro de Conciliación. El Estado de México también es el más grande en número de conflictos laborales de los que participan en la primera fase del nuevo modelo de justicia laboral.
En ese sentido, el reto es mayúsculo, reconoce Venegas Guzmán, quien al mismo tiempo resalta que en el Estado de México se ha trabajado en una cultura de diálogo, la cual considera la mayor fortaleza y aliada para el nuevo sistema.
“El modelo de las juntas de conciliación y arbitraje, que además exportamos a todo el mundo, generaba que el trabajador y el patrón iniciaran esta conciliación haciéndola como demanda, eso ya daba un ambiente complejo para conciliar porque comenzaban acusándose”, expone en entrevista.
Julio César Venegas Guzmán tiene una meta ambiciosa al frente del centro: conciliar el 80% de los casos que se planteen en esa instancia. Además, se tiene planeado integrar una bolsa de trabajo para que la fuerza laboral que se encuentra en un proceso de conciliación pueda aspirar a nuevas oportunidades de trabajo.
“Estamos pensando a mediano plazo, tener un enrutamiento en línea -con autorización del trabajador- para exponerlo curricularmente a reclutadores. Tenemos la esperanza de que, mientras se realiza la conciliación, reciba correos con ofertas de trabajo”.
Para finalizar, el director general del centro de conciliación del Estado de México puntualiza que el modelo de soluciones de conflictos en las juntas de conciliación y arbitraje quedó obsoleto, dejó de ser ágil. Por ello, el compromiso de los profesionales que integran el nuevo mecanismo es asumir un rol de equilibrio, marcando las pautas a ambas partes en cuanto a los mínimos y máximos en sus derechos.
gerardo.hernandez@eleconomista.mx