POR UN CAMBIO DE RUMBO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL PARA LA NACIÓN

 MANIFIESTO 31 DE ENERO UNT FASU ENADI

Las diversas organizaciones sindicales, campesinas y sociales que hemos salido a manifestarnos el día de hoy en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha, ratificamos nuestro compromiso por cambiar de raíz el sistema económico, político y social de nuestro país, esto en medio de una transición política y social compleja y contradictoria debido a la resistencia de poderes fácticos ligados a los intereses de las oligarquías y los grandes capitales, a las presiones del imperialismo norteamericano así como a los claroscuros del actual bloque gobernante, lo que ha permitido que subsista el modelo de desarrollo depredador neoliberal, basado en la desigualdad económica y la exclusión social.

Si bien el aumento al salario mínimo, recientemente autorizado, es un avance, resulta insuficiente para abatir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se complica por el persistente estancamiento económico que tiene al país al borde de la recesión. En este contexto, es preocupante que el gobierno federal prescinda diálogo y la concertación con las organizaciones sociales en el diseño e implementación de las políticas públicas. Afirmamos que no es posible transitar a un modelo económico y político alterno al neoliberalismo sin la participación activa de la sociedad civil y sus organizaciones. El neoliberalismo no se acaba por decreto y no es por medio de la exclusión de quienes enarbolan proyectos distintos al del gobierno que se dará el cambio por el que hemos luchado desde hace décadas. Es necesario construir una nueva relación Estado-Sociedad que termine con el corporativismo y con los vicios autoritarios y clientelares.  La nueva relación gobierno sociedad que proponemos se sustente en una democracia participativa y plural, así como en el respeto a las organizaciones sociales y populares ya que las y los trabajadores del campo y la ciudad, los pueblos originarios, los estudiantes y las mujeres, deben ser parte del cambio que estamos impulsando.

Lo anterior cobra mayor relevancia a la luz de los últimos acontecimientos internacionales como las movilizaciones populares en países como Colombia, Ecuador y Chile, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como el golpe de estado en Bolivia, en donde podemos observar de una parte una reactivación de la lucha social y en él otros extremos el resurgimiento de fuerzas conservadoras, con sed de sangre y guerra. Nos pronunciamos enérgicamente en contra de cualquier intento belicista, por el respeto al derecho internacional y por la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos toda injerencia que lesione la soberanía de las naciones y planteamos que el diálogo político es el instrumento para garantizar la paz y la democracia.

Es por ello que, desde nuestras organizaciones y espaciosa de lucha, continúanos fortaleciendo los procesos de unidad de las fuerzas sociales democráticas, progresistas y de izquierda involucradas en la lucha por la equidad, la justicia y la defensa de la tierra, los territorios y los derechos humanos y medio ambientales. Buscamos construir una mayoría social capaz de cambiar el rumbo político y económico de nuestro país con base en nuestro Proyecto Alternativo de Nación, cuya agenda plantea entre otros temas, los siguientes:

En el ámbito laboral se requiere de mecanismos institucionales permanentes de interlocución con todas las vertientes del movimiento obrero para resolver temas fundamentales como el de  la recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales, la eliminación del outsourcing, la definición de un nuevo modelo de pensiones que garantice una jubilación digna para todos los trabajadores, los que implica la derogación de la reforma a la ley del IMSS de 1994 y que no se utilice el UMA como instrumento para reducir derechos de los pensionados,  así como el seguimiento y consolidación de la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral.

Nuestras organizaciones se pronuncian por el respeto pleno a los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos y por una nueva generación de reformas para profundizar en la modernización y democratización del mundo del trabajo en las que se anticipen los cambios de los procesos de trabajo vinculados con el uso de las nuevas tecnologías. Exigimos respeto a la autonomía y a la vida interna de las organizaciones sindicales como el SME además de solución inmediata a su demanda de reinserción laboral.

Para impulsar el rescate y la reactivación del campo mexicano es indispensable que las organizaciones rurales participen en la definición de los programas necesarios y que sean parte activa de su aplicación, denunciamos que varios programas en materia agropecuaria han sido eliminados sin la planeación adecuada para establecer alternativas sólidas que impulsen la productividad y generación de riqueza en las distintas regiones del país con mecanismos claros de financiamiento, circunstancia que se sigue presentando y que en algunos casos, se está profundizando, lo que debe corregirse con la participación de las organizaciones campesinas ya que estas han sido el primer frente de lucha contra el ataque depredador del neoliberalismo.

Es necesario cambiar la política pública de fomento al desarrollo integral rural basado en dadivas para generar clientelas electorales por una política que aliente el potencial productivo y la capacidad financiera de los pequeños agricultores. Convocamos, en consecuencia, a un gran diálogo nacional con el campo. A fin de garantizar el derecho de los pueblos originarios, así como su involucramiento en la determinación del modelo de desarrollo más adecuado e incluyente para las regiones más deprimidas de nuestro país, es necesarios llevar a la práctica los lineamientos de convenio 169 de la OIT en materia de consulta libre, previa, informada y vinculante. Aunado a lo anterior se debe apoyar la sindicalización de los trabajadores rurales e impulsar programas para proteger los recursos naturales, la biodiversidad, el acervo genético y los territorios. Nos solidarizamos con todas las luchas de los ejidos, las comunidades indígenas y los pueblos rurales en defensa de la tierra, sus territorios y recursos naturales. Somos partidarios del desarrollo rural integral sin depredación.

Demandamos que se ponga fin a la criminalización de la protesta social.  La pacificación del país requiere de medidas de distención como la liberación de los presos políticos, el fin del hostigamiento contra los líderes y activistas sociales, el establecimiento de comisiones para el acceso a la verdad y la justicia, y de un conjunto de políticas de gobierno para combatir fenómenos como los feminicidios, las desapariciones forzadas y los asesinatos extrajudiciales. Llamamos al gobierno a revertir la militarización del país por medio de medidas como el control civil de la guardia nacional, y el fomento de una cultura de los derechos humanos de la población.

En materia de educación, ciencia y tecnología consideramos necesario el fortalecimiento de los presupuestos para promover la educación pública, el desarrollo científico y tecnológico, así como el quehacer cultural de los mexicanos, por ello demandamos que se ponga freno la política de recortes contra las instituciones responsables de estas tareas. En esa lógica, es necesario rescatar a las instituciones educativas y culturales que actualmente enfrentan problemas financieros, sin afectar los derechos laborales adquiridos, demandamos el pago de los salarios de los trabajadores afectados por esta situación.

Las políticas asistencialistas no alcanzan para erradicar la marginación, la pobreza y la desigualdad social, requerimos una política hacendaria basada en una distribución justa y equitativa de la riqueza, que priorice el fortalecimiento del mercado interno a partir de la recuperación salarial, la reactivación de las cadenas productivas y el impulso de los sectores productivos claves como el energético y el de las telecomunicaciones, lo que implica recuperar la independencia, la autosuficiencia energética y las capacidades productivas de PEMEX.  Ello debe complementarse con medidas como el impulso a la industria petroquímica, la suspensión de las rondas de licitaciones que comprometen el futuro del recurso petrolero y la promoción de energías limpias como la eólica, la solar y la nuclear con pleno respeto a los derechos de las comunidades. En materia de telecomunicaciones se requiere de una Agenda Digital que garantice el acceso de toda la población al internet y a las demás tecnologías de la información.

Hacemos nuestras las demandas de los trabajadores informales, los autoempleados, los comerciantes y en genera las de los trabajadores no asalariados. Para nuestras organizaciones es indispensable respetar al trabajo digno y socialmente útil por lo que se deben construir políticas que se traduzcan en condiciones dignas de vida para todos los centros de población urbanos, populares y rurales.

Exigimos la ratificación inmediata del convenio 190 de la OIT para erradicar la violencia de género en los lugares de trabajo además del establecimiento de políticas públicas efectivas para combatir los feminicidios y la grave situación de violencia contra la mujer y fomentar la igualdad sustantiva entre los y las trabajadoras.

Nuestro país debe impulsar un modelo de integración entre los países de Norteamérica que responda a los intereses de nuestro país y no de las grandes corporaciones transnacionales. Un modelo que regule el comercio e inversión con base a la democracia y los derechos humanos, es por ello que nos preocupa la reciente firma y aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), pues la sociedad desconoce el contenido completo de lo discutido y firmado. De esta manera se mantiene la opacidad que caracterizo al TLCAN así como las asimetrías comerciales entre los países involucrados.

Estos temas son algunos de los que consideramos que deben ser abordados en una mesa de diálogo entre las organizaciones sindicales, campesinas y sociales y el gobierno federal, como parte de una agenda para avanzar en la democratización y transformación del país. La voz de la sociedad organizada debe ser escuchada y atendida. La agenda social y política del país debe sustentarse en la consulta y negociación permanente entre los diversos actores sociales, no en los monólogos, para construir propuestas y soluciones con base en el consenso. El dialogo social, el referéndum, la consulta informada y la democracia participativa deben ser la herramienta que permitan transitar hacia un cambio de rumbo económico y social.

Demandamos diálogo de inmediato con el Gobierno Federal en torno a nuestro Proyecto Alternativo de Nación

Mantenemos la lucha en contra las Reformas Estructurales Neoliberales

Por la Unidad de las Fuerzas Sociales, Democráticas e Independientes del País

Respeto a la Autonomía e Independencia de las Organizaciones Sociales y Solución a sus Demandas