La información que se ha brindado a través de los medios de comunicación sobre la supuesta exitosa conclusión de las negociaciones bilaterales México-Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es parte de una campaña publicitaria cuyo objetivo es manipular a la opinión pública e imponer entre la población las supuestas bondades de los acuerdos adoptados, los cuales favorecen primordialmente el proteccionismo comercial y el nacionalismo racista de Donald Trump a favor de mayores ganancias empresariales y transnacionales, a costa del bienestar de los pueblos. ,En las negociaciones se impusieron las prioridades políticas y la reducción del déficit comercial de los EUA, asi como favorecer llos intereses electorales de Trump a fin de mantener la mayoría republicana en el Congreso de los EUA y fortalecer sus posibilidades de reelegirse. Para Peña Nieto Guajardo y Videgaray representó un paso más en la entrega del país a los poderes extranjeros, su lógica de negociación fue “es mejor tener un mal TLCAN que no tenerlo”. Sólo el rechazo de Canadá a sumarse simplemente a tales acuerdos les ha ensombrecido el panorama.
La saturación informativa y las filtraciones “confidenciales” no modifican el hecho de que, tras seis semanas de negociaciones apresuradas, los gobiernos mantienen en secreto los alcances y el contenido de los textos negociados; en forma antidemocrática persisten en ocultar los impactos negativos para los intereses nacionales y para los derechos sociales y económicos de la población, derivados de los acuerdos pactados en los treinta capítulos que hoy integran el TLCAN.
Esto es preocupante ya que hasta el equipo negociador del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Coparmex, la AMIA y demás representantes empresariales del “cuarto de junto”, en el que no están representados los trabajadores, han reconocido que tuvieron que flexibilizar y ceder en sus posturas de negociación para cumplir con las exigencias estadounidenses, los tiempos electorales de Trump, el procedimiento de aprobación legislativa en los Estados Unidos y el interés del presidente Peña Nieto de firmar antes de que concluya su gobierno.
¿En dónde quedaron entonces los legítimos intereses nacionales de los mexicanos, que no se identifican con los intereses de las corporaciones transnacionales?
La información difundida en México es confusa, engañosa y avala los intereses electorales de Trump. La realidad es que la negociación no ha terminado, falta ver la reacción de Canadá a lo que le quieren imponer mediante amenazas y si el Congreso estadounidense acepta discutir un acuerdo bilateral cuando lo que autorizó negociar fue un acuerdo trilateral (ya hay reacciones de congresistas contrarias a esto).
En todo caso lo que hoy adoptaron según su propia definición es un “acuerdo bilateral preliminar en principio” entre Estados Unidos y México que deberá convertirse en un texto legal para someterlo a la aprobación legislativa en los tres países. Para ello el congreso estadounidense deberá adoptar sus procedimientos de una autorización para negociar un acuerdo trilateral o sancionar una nueva autorización, lo se estima retrasará hasta 2019 su aprobación y en el caso del Senado mexicano consideramos indispensable que debe realizarse una amplía consulta y discusión con la sociedad para reorientar las negociaciones. De tal forma que si ya no existiera el TLCAN en tanto que es un tratado trilateral, un acuerdo bilateral podría replantearse en su totalidad y no necesariamente sobre la base de la desfavorable camisa de fuerza que siempre representó el TLCAN.
En la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas “México mejor sin TLC’s” mantenemos el rechazo el TLCAN y a una renegociación que solo representa la profundización del fracasado modelo del libre comercio y defendemos la necesidad de impulsar la negociación de un modelo totalmente distinto que considere fundamental la cooperación para el desarrollo y la complementación entre los pueblos de Estados Unidos, Canadá y México.
En ese sentido las negociaciones deben seguir siendo trilaterales considerando la legitimidad de las razones de Canadá para defender los justos intereses de su pueblo en defensa de; su sistema de administración y regulación de la oferta y demanda de algunos sectores económicos, de su industria cultural y de mecanismos para defenderse del dumping estadounidense. En forma ignominiosa el gobierno mexicano y las corporaciones empresariales del “cuarto de junto”, cedieron a las exigencias estadounidenses, en materia automotriz y de otros sectores económicos que habían señalado como líneas rojas infranqueables. De esta forma el gobierno mexicano se ha vuelto funcional a las presiones de Estados Unidos para que Canadá se sujete a las condiciones y amenazas del Trumpismo. Eso es inaceptable y por ello junto con nuestros aliados en Canadá nos oponemos a que se sobre pongan los tiempos electorales de Trump y el que Peña Nieto quiera ser él que firme el nuevo tratado a la discusión y acuerdos en temas legitimos pata los pueblos de los tres países.
Algunos ejemplos de que se sacrificaron ciertos intereses sectoriales, es la declaración del gobierno norteamericano de que los gravámenes de 25% al acero y aluminio importado desde México se mantienen y la Canacero deberá negociar al margen de los acuerdos bilaterales el establecimiento de cuotas de exportación o menores aranceles.
En el caso de la industria automotriz transnacional establecida en México, con lo pactado la exportación desde México puede ser sujeta de aranceles adicionales, ya que se ha declarado que se aceptó elevar a 75% el contenido regional y reservar al menos el 40% para los establecimientos industriales con salarios de 16 dólares la hora, lo que busca proteger la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá e imponer límites a la expansión de esta industria transnacional establecida en México, con la intención de retraer inversiones a EUA y utilizarnos como barrera en la guerra comercial de EUA con países fuera de la región. Con ello México evadio la justa exigencia de aumento salarial en México para que no siga siendo dumping social lo que en el fondo es la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos.
En el sector agrícola se aceptó incorporar estándares “sin precedentes” en biotecnología agrícola en favor de las empresas monopólicas que controlan el mercado de estas biotecnologías incluyendo los transgénicos y pesticidas; no utilizar subsidios a las exportaciones o salvaguardias agrícolas especiales de la OMC y otros mecanismos que “distorsionen los mercados”; prohibir barreras a bebidas alcohólicas y permitir acceso sin restricciones al mercado mexicano de quesos producidos en USA.
Otro caso son las protecciones excesivas a la propiedad intelectual, que quedan evidenciadas ante la negativa de Canadá de aceptarlas tal y como están acordadas porque perjudican a los sectores públicos de salud y cultura ya que resultan en costos elevados para medicinas genéricas y graves violaciones al derecho a la salud, a la privacidad, al acceso al conocimiento, la libertad de expresión, así como a la innovación.
El rechazo de Canadá de eliminar el capítulo 19 para establecer mecanismos bi o trilaterales para solución de controversias en materia de dumping, que le impedía a los EUA adoptar medidas extraterritoriales como los embargos, la imposición de aranceles y sanciones unilaterales, fue otra de las concesiones aprobadas por los negociadores mexicanos.
De acuerdo a la información filtrada a periodistas de EUA, el contenido de los capítulo laboral y de medio ambiente es muy similar a los acuerdos adoptados en el Tratado Trans Pacífico (TPP), lo cual significa que son regresivos frente a los inoperantes y fracasados acuerdos paralelos laboral y ambiental acordados en 1994 en el TLCAN. De ser verídico esto serán totalmente insuficientes para salvaguardar el derecho a un ambiente sano y sustentable y los legítimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos por la Constitución Mexicana y la Organización Internacional del Trabajo.
Continuamos ignorando cuál es el nivel de entreguismo con el que actuó el gobierno mexicano y qué otras concesiones han hecho en esta renegociación. El gobierno mexicano ha incumplido su obligación de informar sobre los términos y condiciones aceptadas y ha ignorado nuestro reclamo del derecho que tiene la sociedad de estar amplia y debidamente informada sobre los objetivos y alcances de la negociación, y de aprovechar el proceso de renegociación del TLCAN como un elemento clave para recuperar soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población. La información básica y general de que se dispone sobre los acuerdos ha sido ofrecida por el gobierno de los EUA.
Se ha hecho creer a la población que no tener el TLCAN sería una gran calamidad, cuando lo pactado en el TLCAN en 1994 ha sido extremadamente prejudicial para los intereses nacionales y populares, ya que estableció obligaciones jurídicas para seguir limitando las facultades de los estados nacionales de regular la economía en función de un proyecto nacional, y otorga derechos a extremos a las trasnacionales.
El TLCAN es responsable del empobrecimiento de los pequeños y medianos productores del campo, la pérdida del 70% del valor del salario de los trabajadores y la disminución de los derechos laborales, así como la reducción del nivel de vida de las clases medias.
Junto con las redes de organizaciones sociales y civiles de Canadá y Estados Unidos seguimos reivindicando la necesidad de un acuerdo que salvaguarde por encima de todo la soberanía nacional, la protección y promoción de los derechos laborales y humanos, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación y la salud pública, la protección al medio ambiente, al igual que considerar las asimetrías en el desarrollo, el intercambio comercial desigual y los controles sobre el capital especulativo, negociando los mecanismos compensatorios y de control para resolverlos.
En ese sentido, no entendemos y en todo caso no compartimos las valoraciones positivas del observador designado para estas negociaciones por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar estuvo sólo en las negociaciones de algunos puntos y no ha se ha expresado sobre el contenido de los capítulos aprobados antes de su incorporación. El Dr. Jesús Seade Kuri, ha dicho que específicamente su intervención sirvió para modificar de forma más que de fondo el capítulo de energéticos y el mecanismo de revisión y conclusión de la vigencia del TLCAN. Habría que conocer los textos legales en que ello se concreta. Es incomprensible que el observador de la renegociación y los demás responsables de dirigir la negociación por parte del gobierno electo hayan validado en la opinión pública el conjunto de lo negociado sin conocer y analizar a fondo, como el resto de la sociedad, los textos jurídicos concretos.
Por lo anterior:
Consideramos que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la obligación de poner a disposición de la sociedad mexicana los textos negociados de los 30 capítulos que integran el nuevo acuerdo. El nuevo gobierno electo una vez que se conozcan y difundan los textos legales, y antes de que se firme, abra una discusión amplia con todos los sectores de la población. Hasta ahora el gobierno saliente sólo ha consultado con la cúpula empresarial. Exigimos que las negociaciones no se subordinarse a los intereses electorales del presidente de los Estados Unidos o la conclusión del gobierno de Peña Nieto el 1º de diciembre, el acuerdo debe seguirse negociando hasta que sean considerados los derechos de los tres pueblos.
Emplazamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al nuevo Senado de la República a que informen a la población mexicana sobre los textos acordados provisionalmente y los que en su caso se adopten en las negociaciones con Canadá, para que se establescan espacios de discusión con los poderes ejecutivo y el legislativo antes de firmarlo y de someterlo a un proceso de aprobación en donde el Senado de la República tenga solo la opción de rechazarlo o aprobarlo sin modificaciones, obligando a este órgano legislativo a incumplir con sus atribuciones constitucionales de revisar y controlar la política exterior del poder ejecutivo.
Una discusión amplia en que realmente se tome en cuenta a todos los sectores de la población es compatible con la preocupación del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador de lograr un proceso de cambio y una transición tranquila. Si se puede consultar sobre el nuevo aeropuerto es mucho más trascendental y valioso informar, analizar y discutir un tratado trilateral perjudicial a los intereses populares y al desarrollo nacional, y posteriormente llevar a una consulta ciudadana su aprobación y rechazo. Se podrá pensar que esto llevará mucho tiempo, pero ello se hubiera evitado si los gobiernos hubieran desde el principio incorporado a la sociedad en la discusión y no sólo a las élites empresariales.
Ciudad de México a 5 de septiembre de 2018.
Convergencia de Organizaciones sociales, sindicales y campesinas México Mejor Sin TLC´s